Cayó el “Cartel de los Víveres”: Robaban comida al Ejército
Ocho miembros del Cartel de los Víveres fueron imputados en Pasto por presuntamente robarle los alimentos que el Estado destinaba para los soldados en el pacífico colombiano. Estas provisiones alimentarias iban dirigidos a soldados de cuatro departamentos; este grupo estaba compuesto por funcionarios pertenecientes al Ministerio de Defensa.
Agentes del CTI lograron adentrarse en una organización que, desde el 2018 estarían operando en el robo de la comida de al menos 6.000 soldados del Ejército, pertenecientes a los batallones de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca.
A esta red se le adelantó la primera de tres fases de investigación contempladas, debido a que se cree que dentro de esta hay personas con poder de influencia dentro de la institución militar. A día de hoy, las autoridades establecieron que la organización conformada por ocho personas, la mitad de estas actuaría como funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, adscrita al Ministerio de Defensa.
Desde dicha entidad se rechazó el presunto actuar de los funcionarios, los cuales fueron apartados de su cargo. Esta acción incluso ha llevado a una constante comunicación con la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo a lo que lleva la investigación, los implicados serían los responsables de la alteración de planillas de ingreso de cientos de cajas llenas de víveres que les llegaban para la distribución a los 32 batallones que pertenecen a la Tercera División del Ejército.
Estos supuestos hurtos se habrían presentado entre julio de 2018 y noviembre del 2021. Cabe resaltar que dentro de una de las operaciones ilegales de la organización les habría llegado 300 cajas con alimentos para el departamento del Putumayo, y la Agencia habría registrado solamente 170 para quedarse con el resto.
El material investigativo fue tan contundente que el juez terminó aceptando el pedido de imputación del ente acusador; con ello, envió a la cárcel a los exfuncionarios, y concediendo detención domiciliaria a los particulares, pues estos hicieron reintegro de parte de lo robado.
