Se conmemoran 20 años de la Masacre de Bojayá

El 2 de mayo de 2002 el grupo insurgente FARC, en medio de combates con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, lanzó una pipeta que atravesó el techo de la iglesia municipal, asesinando más de 100 personas y dejando a 90 más heridas.

Veinte años después, este es uno de los hechos que dejó marcado el conflicto armado y es recordado como la Masacre de Bojayá.

Sobre las 10:15 de la mañana, guerrilleros de las FARC dispararon un cilindro bomba contra la iglesia San Pablo Apóstol, en la cabecera de Bojayá, donde se refugiaban alrededor de 300 personas por los enfrentamientos que se libraran desde el 20 de abril entre el Frente José María Córdova de esta guerra y el comando paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas.

De igual forma, se recuerda la presión de la guerrilla por deshacerse de los cadáveres antes de la llegada de los medios de comunicación y las autoridades y la violencia continuada en el territorio no permitieron las honras fúnebres, la despedida y el duelo de la comunidad.

“Si se piensa en la magnitud de los eventos en términos de muertos, heridos y desplazados, frente al tamaño de la población, se puede decir que los daños ocasionados por la masacre fueron catastróficos. Toda familia quedó de alguna manera en duelo, todas las familias tuvieron que participar en la búsqueda y el conteo de sus víctimas”, señala el informe “Bojayá. La guerra sin límites”, publicado en 2010 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, además de las pérdidas de vidas humanas y materiales, la masacre ocasionó profundos y complejos daños e impactos morales, culturales y psicológicos sobre las comunidades negras e indígenas de Bojayá y la región.

“Los hechos acontecidos además de causar serias lesiones físicas en las personas sobrevivientes, constituyeron un ataque a un centro religioso con importante valor simbólico e impidieron prácticas ancestrales como los ritos mortuorios, que son estructuradores de la vida y cultura de estos grupos. A raíz de ello, se produjo el desplazamiento forzado de miles de personas, lo cual implicó el destierro y la sobrevivencia en condiciones deplorables e indignantes, en los lugares donde se vieron obligadas a permanecer”, agregó la Comisión.

Por este hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó encontró que la Nación es responsable del desplazamiento forzado que padecieron varias familias durante el Gobierno de Andrés Pastrana. De acuerdo a lo anterior, las víctimas aseguraron que alertaron varias veces al gobierno sobre estos enfrentamientos, sin recibir más que promesas.

Cuatro familias que tuvieron que huir de la zona en dicho momento interpusieron acciones de grupo para el Estado respondiera por los daños que sufrieron durante los enfrentamientos entre la guerrilla y los grupos paramilitares. De acuerdo a lo que se lee en el fallo que condena a la Nación, hubo omisión de las instituciones del Estado en atender a los llamados de la comunidad y, por esta razón, deberá reparar a los afectados.

En el documento de la decisión en segunda instancia también se señaló que la Fuerza Pública abandonó la región de Bojayá en medio de dichos enfrentamientos. Ni la Policía ni el Ejército Nacional realizaron alguna labor que pudiera evitar este enfrentamiento que luego generó el desplazamiento de varios habitantes del municipio.

Cabe recordar que el Partido Comunes, surgido tras el Acuerdo de Paz de 2016, reconoció su responsabilidad en este acto atroz y pidió perdón a Bojayá y a toda Colombia.