MOE afirma que se vive un periodo preelectoral muy violento
Con relación al aumento de la violencia en épocas electoral y las amenazas que han surgido en los últimos días, la Misión de Observación Electoral MOE ha declarado que rechaza enfáticamente este tipo de acciones e instó a que se investigue con celeridad los actos que restan legitimidad al proceso democrático.
El comunicado que fue emitido por la Misión resalta que todas las denuncias presentadas por los candidatos y la comunidad deben ser tratadas con responsabilidad y de manera oportuna, puesto que debe preservarse la integridad de los candidatos presidenciales, independientemente de su posición.
Adicional a lo anterior, se revelaron delicadas cifras relacionadas con la violencia en el marco de las elecciones; para la MOE, en el periodo comprendido entre 2021 y 2022 se ha configurado como la época preelectoral más violenta en los últimos 12 años, registrando al menos 581 agresiones.
De acuerdo a lo expuesto por la entidad, los derechos políticos de la ciudadanía se han visto restringidos por el recrudecimiento de algunas acciones beligerantes, tal como sucedió en los municipios de Titiribí, en el departamento de Antioquia, y Argelia, en el departamento del Cauca, por las disputas territoriales han hecho que los grupos armados ilegales generen álgidas confrontaciones, las cuales terminan dejando en medio a la comunidad.
A su vez, la Misión destacó que las campañas electorales han tenido un tinte de odio y declaraciones desafortunadas, y se mostró una alta incertidumbre por las amenazas que recibió el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, situación que llevó a que se suspendiera su gira por el Eje Cafetero y se interpusiera la denuncia por amenaza de muerte, hecho que llevó a la solicitud de una investigación severa y se garantice los derechos y la vida del candidato presidencial.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, en declaraciones a la prensa puntualizó: “Es responsabilidad del Gobierno y las distintas instituciones del Estado garantizar la seguridad de todos los colombianos, así como de quienes ejercen roles de liderazgo político. Por lo que ante un contexto de violencia como el que se vive en el país, no pueden desestimarse las denuncias que se presenten sin una investigación previa”.
