Uribismo radicó proyecto de Ley para combatir el engaño político
El Centro Democrático radicó un proyecto de Ley que generará polémica en el Congreso de la República, ya que busca imponer sanciones a los candidatos presidenciales que hagan falsas promesas a la ciudadanía durante las contiendas electorales.
Se trataría de una Ley “anti populismo”, que tiene el objetivo de evitar que los aspirantes se aprovechen de los colombianos para obtener buenos resultados en las urnas.
La propuesta fue presentada por el representante y senador electo Enrique Cabrales, quien, a través de esto, busca contrarrestar, según él, “el engaño político con fines electorales y de esta manera fomentar el voto consciente y el debate electoral transparente”.
La iniciativa también busca la creación, como primera medida, de los comités de seguimiento a los programas de Gobierno, planes de desarrollo y promesas de campaña electoral, que serían los encargados de hacerle el respectivo seguimiento a su debido cumplimiento.
En caso de que se incurra en conductas que puedan defraudar al votante y que no se encuentren apegadas a los postulados planteados a los ciudadanos, podrían tener sanciones.
“Quien no cumpla sus promesas de campaña incurrirá en una falta gravísima”, explicó el congresista Cabrales, quien a su vez señaló que entre las sanciones se encuentra la “cancelación de la inscripción de su candidatura, la expulsión inmediata del proceso electoral y una inhabilidad de cinco años para ejercer cualquier cargo de elección popular”.
Para el congresista Cabrales, este proyecto de Ley no solo sería para obligar al presidente de la República a cumplir con sus promesas, sino que también sería aplicado a los gobernantes regionales y demás funcionarios de elección popular.
“Queremos que todo lo que se prometa y todo lo que se diga en campaña, se pueda realizar, tenemos que comenzar a acabar con las falsas promesas que le hacen al pueblo colombiano. Aquí hay que prometer lo que se pueda cumplir”, manifestó.
De esta manera, los planes, las propuestas y las promesas hechas en campaña, deberán tener un sustento jurídico, técnico, económico, financiero, estadístico o científico, para que estas puedan ser realizables por los gobernantes de turno.
