Aplican extinción de dominio a corruptos en La Guajira
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 2 inmuebles rurales y 12 urbanos que harán parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en el departamento de La Guajira.
Los bienes, que se encuentran avaluados en $2.800 millones de pesos, fueron ocupados por personal del CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao y Manaure, en el departamento de La Guajira; y en Barranquilla y Soledad, en el departamento del Atlántico, apoyados por el Gaula del Ejército Nacional.
Estos activos pertenecían a un exalcalde de Manaure y al gerente financiero de una institución prestadora de salud indígena, los cuales estarían vinculados con actos de corrupción cometidos con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015, el cual fue suscrito entre la alcaldía de Manaure y el IPSI Indígena el 24 de junio de ese año; lo anterior, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, por un valor de $8.000 millones de pesos.
En el curso de la respectiva investigación penal se estableció que en el proceso de contratación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetivo y planeación.
De acuerdo a lo anterior, al parecer, el contratista había sido seleccionado con antelación y se desconoció que no contaba con la capacidad para la ejecución de las actividades encomendadas, ni tenía autorización para la prestación del servicio de salud en zonas rurales.
A su vez, el material de prueba evidenció cobros excesivos en medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares que generaron un detrimento por encima de los $2.800 millones de pesos. En ese sentido, la Sociedad de Activos Especiales SAE asumirá la administración de los bienes afectados.
