Fiscalía ordena auditoría forense a softwares de las elecciones
La Fiscalía General de la Nación ordenó practicar una auditoría forense a los softwares que serán empleados para el preconteo y el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial de este domingo, así como los de testigos electorales y jurados.
Este procedimiento se desprende de las investigaciones que se adelantan por las irregularidades que se presentaron en los comicios legislativos.
Así lo indicó el fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, José Freddy Restrepo, en un oficio que elevó al representante a la Cámara electo, José Alberto Tejada, en atención a un derecho de petición que éste presentó por delitos contra los mecanismos de participación democrática que se habrían presentado en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, en el que se detallas las acciones que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación.
“Se ordenaron igualmente las auditorías forenses a los softwares de selección de testigos y jurados, así como los de preconteo, escrutinios y obtención del consolidado de los resultados de las pasadas elecciones a Congreso y la de segunda vuelta de este 19 de junio”.
De igual forma, el fiscal Restrepo señala en el documento que el pasado 13 de junio envió un oficio al registrador nacional, Alexander Vega, para que, entre otras, indicara por qué se había comprado solamente el software parcial y no total para el procedimiento electoral, conforme a lo ordenado por el Consejo de Estado en un fallo de 2018.
Así mismo, la Fiscalía General de la Nación preguntó en ese oficio al registrador nacional qué se ha realizado frente a la denuncia pública hecha por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de que en las pasadas elecciones legislativas no se acreditaron debida y oportunamente a cerca de 12 mil testigos, y que hubo 500 mesas en las que se quitaron, en cada una, 100 votos en promedio al candidato.
Hay que resaltar que, el pasado miércoles, en una misiva enviada por el magistrado Luis Guillermo Pérez, del Consejo Nacional Electoral, solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, que fueran activadas sus competencias preventivas y de investigación penal para la segunda vuelta de las elecciones presidencial.
En la misma carta, el magistrado expresó algunas preocupaciones constancias que ha dejado en las reuniones de la Comisión Nacional para la Coordinación de Seguimiento de los Procesos Electorales, de igual forma, como las que han reportado las Misiones de Observación Internacional, como “los escenarios de violencia política durante el proceso electoral a partir de denuncias de candidatos a la Presidencia de la República, y hallazgo de discursos raciales, de odio y también efectos negativos de la violencia política contra la mujer. Como de llamados a desconocer los resultados electorales por supuestos fraudes en contra de uno u otro candidato son de una inmensa gravedad porque puede conducir a graves alteraciones del orden público y de afectación a la democracia misma”.
A su vez, hace un parte de meses el Consejo Nacional Electoral solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil contratar una auditoría internacional al software de las presidenciales, puesto que las dudas que quedaron de las parlamentarias cuando se presentó una diferencia de más de un millón de votos, entre el preconteo y el escrutinio, preocupó a la entidad.
No obstante, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral señalaron que no se alcanzó a hacer la contratación de la firma, a pesar de que el Ministerio de Haciendo había girado más de $3.000 millones para esta auditoría forense.
