Cae designación de Daniel Palacios como ministro del Interior
Por la similar razón que se cayó hace algunas semanas el nombramiento de Diego Molano en el Ministerio de Defensa y de Víctor Muñoz como director del Departamento de la Presidencia de la República, hoy sucede con el jefe de la cartera del Interior.
Sin embargo, por tratarse en los tres casos de fallo en primera instancia, el Gobierno Nacional ya presentó la respectiva apelación en lo correspondiente al ministro Molano y el director del DAPRE, esperando que en los próximos días haga lo propio con el ministro del Interior.
En ese sentido, los funcionarios seguirán en el ejercicio de sus funciones y, seguramente, continuarán de esta manera hasta el final del Gobierno el próximo 7 de agosto, teniendo en cuenta que los recursos presentados suben al Consejo de Estado donde dicha decisión, contraria o favorable a los intereses del actual Gobierno, saldría en algunos meses.
En este fallo sobre el nombramiento de Palacios, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que, luego de la renuncia de Alicia Arango en septiembre de 2020, el presidente Iván Duque debía nombrar una mujer en el gabinete.
“De modo que, con el Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual el Presidente de la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, se disminuyó la participación de las mujeres en los ministerios, ya que, con los 5 cargos ocupados por mujeres, a la fecha de su expedición, representan menos del 30 %, incumpliendo con los mínimos exigidos en el artículo 4° de la Ley 581 de 2000, pues al haber nombrado a un hombre mediante el acto acusado, se contaba con menos del 30 % de participación de la mujer en el gabinete ministerial”, señala la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
A su vez, agrega que “en consecuencia, se accederá a la pretensión de nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por las consideraciones expuestas en precedencia y, se ordenará al presidente de la República para que, al hacer un nuevo nombramiento, éste cumpla con las disposiciones de la Ley 581 de 2000, pues está obligado a nombrar, al menos el 30 % de los cargos de máximo nivel decisorio en los Ministerios, a mujeres”.
Entre tanto, el ministro Palacios trinó que “respeto la decisión en primera instancia. Apelaré la decisión ante el Consejo de Estado, quien ya se había pronunciado frente a este mismo acto administrativo declarando la legalidad del mismo”.
