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Diego Cadena queda en libertad por vencimiento de términos

El juez 46 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá otorgó la libertad por vencimiento de términos al abogado Diego Cadena, el cual se encuentra procesado por presunta manipulación de testigos dentro del caso por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

De acuerdo a lo argumentado por el juez, el abogado cadena ha permanecido 269 días privado de la libertad con detención domiciliaria y desde que fue radicado el escrito de acusación no se ha iniciado un juicio oral en su contra.

“Estos 123 días que han transcurrido desde el 4 de marzo de 2022 al día de hoy son computables, se suman a los 146 días ya establecidos por el juzgado 43 penal del Circuito con Función de Conocimiento hasta el 13 de octubre de 2021 y si hacemos la suma matemática de esos 146 días y aunamos esos 123 días transcurridos a partir de la privación de la libertad con detención domiciliaria, nos da un total de 269 días transcurridos, evidentemente son superiores a los 240 días que se requieren para el restablecimiento de la libertad por vencimiento de términos”, explicó el juez de control de garantías.

En ese sentido, se ordenó de inmediato que el abogado recuperara su libertad y que el juicio en su contra sea adelantado mientras permanece en libertad.

De acuerdo a lo anterior, ni la Procuraduría General de la Nación, ni la Fiscalía General de la Nación, así como las víctimas apelaron o presentaron recursos contra la decisión por considerarla en derecho. A su vez, el juez aclaró que no existió maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena, en cabeza del abogado Iván Cancino.

Cadena está siendo procesado pues al parecer ofreció millonarias coimas y beneficios para el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, con el objetivo de que declararan en contra del senador Iván Cepeda, y supuestamente favorecieran al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este proceso inició con la imputación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal que fue realizado a principios del mes de agosto en 2020, en medio de la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19.

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