Human Rights Watch se refirió a la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional
La organización de Derechos Humanos Human Rights Watchs hizo llegar al presidente Gustavo Petro y a los miembros de su Gobierno, una carta con cinco recomendaciones para contribuir en el avance en materia de Derechos Humanos.
La primera recomendación de esta ONG es “garantizar protección y seguridad”. Sobre esto, recuerda que es obligación del estado proteger los derechos humanos de la población y para ello sugiere que se adopte “una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos” que incluya “tanto a las fuerzas de seguridad para cumplir con el deber de garantizar la vida y la integridad física, como a otras instituciones del Estado que son esenciales para la provisión de bienes y servicios públicos”.
Referente a este punto, HRW resaltó la importancia del diseño de planes para la protección de los defensores de Derechos Humanos; así mismo, a toda la población civil antes, durante y después de las respectivas negociaciones con grupos armados.
Entre otros aspectos, la ONG pide que el nuevo Gobierno debe fortalecer la capacidad del “sistema judicial y garantizar que los indicadores de éxito de las fuerzas de seguridad se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos”.
La segunda recomendación para Gustavo Petro es “decidir con quién negociar y de qué manera”. Se refiere a reconocer que “en la actualidad operan en Colombia una gran cantidad de grupos armados que son financiados por economías ilegales, en especial el narcotráfico y la minería ilegal”, entre los grupos que incluyen al ELN, las disidencias de las extintas FARC y otras bandas criminales como el Clan del Golfo.
En este aspecto se toca el punto de sometimiento y/o acogimiento de estos grupos. HRW aclaró que en general, el Derecho Internacional Humanitario no prescribe “con qué grupos armados los Gobiernos no pueden o deben entablar negociaciones”; por esta razón, hace ver que será decisión del Gobierno de Gustavo Petro con quién se sienta.
Por este motivo, insta a que considere si existen razones para “creer que es más probable que las negociaciones aseguren los derechos de las víctimas y prevengan abusos en comparación con la aplicación de la ley”.
Finalmente, otras recomendaciones con abordar las causas que perpetúan la violencia, garantizar los derechos de las víctimas y evitar las desmovilizaciones fraudulentas, como sucedió con el caso de los grupos paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
