Gobierno Nacional radicará reforma que daría libertad en transfuguismo político

El Gobierno Nacional radicará un proyecto de Ley con el que quiere darle un vuelco al sistema electoral que existe actualmente en el país.

De acuerdo a lo establecido, el primer artículo del documento indica que es un “acto legislativo tiene por objeto incorporar en la Constitución ajustes en materia de financiación estatal de las campañas políticas, la regla general de listas cerradas a cargos de elección popular y los principios de democracia interna de los partidos”.

En ese sentido, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, indicó que, entre otros, esta reforma contiene “lista cerrada, paridad de género, financiación estatal, autoridad electoral independiente, es decir, arrancar el clientelismo de raíz y el régimen de compra y venta de votos, que es el sistema clientelar que es el que está establecido en Colombia, para pasarlo a listas cerradas, financiadas por el Estado y cerradas a la penetración del narcotráfico y la corrupción”.

A su vez, el proyecto de Ley incluiría un artículo de transfuguismo política, el cual le permitiría a los parlamentarios cambiarse de colectividad política sin incurrir en la doble militancia o cualquier otro tipo de sanción.

Para Barreras, este proyecto contiene mecanismos novedosos para combatir la corrupción y las clientelas políticas las cuales operan durante los comicios nacionales y regionales.

Por otra parte, dicha propuesta había sido planteada inicialmente con el Acuerdo de Paz que fue firmado con las FARC, en el que además fue creada una Comisión de expertos para dar luces respecto a cómo debería funcionar el sistema político.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio su opinión frente a las listas cerradas dentro de la reforma: “No necesariamente quienes aspiraron por los partidos hacen parte de su historia, de su ideología, de sus programas y esto también está ligado a la ausencia de listas cerradas y a la forma como se ha ido diseñando el sistema electoral, que no permite tener partidos fuertes, coherentes, con listas cerradas, con perspectiva de género y todos estos detalles, incluida la posibilidad de que haya un ajuste en la militancia de los partidos mismos; la vamos a llevar al Congreso”.

Dentro de los objetivos que se pueden destacar dentro del borrador de la reforma política se encuentra la centralización de la financiación de las campañas desde el Estado, sin la posibilidad que lleve a que agentes externos hagan parte del proceso.

De acuerdo con el documento radicado en el Congreso de la República, así se distribuiría la financiación electoral: “El 30% se distribuirá en partes iguales entre todos los partidos inscritos, el 40% será para los partidos dependiendo del número de curules obtenidas en la última elección al Congreso, el 10% será para todas las colectividades según el número de escaños en concejos municipales, lo mismo para asambleas departamentales, el 5% para las mujeres elegidas, con la condición de que eso se deberá invertir en estrategias para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en política, y lo mismo sucederá para el caso de los jóvenes”.

De acuerdo con el documento impulsado por el Pacto Histórico: “El Estado entregará estos anticipos para la financiación de las campañas electorales a cargos y corporaciones públicas de elección popular, con por lo menos dos meses de anticipación a la fecha de las elecciones”.

Referente a la financiación anual de las colectividades políticas, se establece que esta será realizada por medio del Fondo Nacional de Financiación Política, y deberá ser el equivalente al 0.4% del Presupuesto Nacional.

Otra de las propuestas que está anexada en la reforma política y que es impulsada por el Gobierno Nacional tiene que ver con que los congresistas, concejales o ediles no puedan estar en su cargo más de tres periodos.

De lograrse a concretar esta reforma política, se acabaría el voto preferente. Así los partidos o coaliciones podrán decidir quiénes son sus candidatos, su orden y número de integrantes para ocupar las curules en el Congreso de la República.