Espaldarazo de la ANLA a la Gobernación del Huila en tema de licencia ambiental de El Quimbo
Un espaldarazo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales recibió la Gobernación del Huila, luego de que se negara la solicitud de modificación de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que fue presentado por ENEL Colombia, en la que se veía desmejorada la actividad productiva de las familias, el tejido social y la competitividad de la zona de influencia.
Es así como fue confirmada la posición del departamento en lo que respecta al cumplimiento de las 2.700 hectáreas de riego por la gravedad, y respalda la posición de que ENEL Colombia debe cumplir con la adecuación de tierras que tendría un costo superior de $150.000 millones de pesos, y no como planteaban en su momento de $42.5 millones de pesos para cada familia; así como no cumplir con la compra de tierras para las 427 familias, que para compra en el departamento le correspondería a cada una de ella la suma de $55.565.890 pesos.
Frente al caso, el asesor jurídico en temas ambientales de la Gobernación, Javier Roa Salazar, indicó que estos recursos no se entregan en físico a la comunidad, sino que son dineros que serán dados en proyectos productivos para que estas familias los usen en los sectores en los que se desenvuelve su actividad económica.
“Igualmente ha planteado el Gobierno Departamental que las 427 familias deben ser compensadas por ser afectadas en las 2.500 hectáreas que anteriormente Emgesa ahora Enel no ha comprado en su totalidad; entonces la teoría de la ANLA, es que no se cumple en su totalidad los requisitos establecidos en el decreto 1076 del 2015, en los artículos 2-2-2-3-7-1 respecto de la modificación de la licencia”, indicó el abogado Roa Salazar.
De igual forma, la carta enviada a la ANLA con la modificación no contó con el consentimiento del Gobierno Departamento, ni de los afectados directos.
“Fue contestada informando al señor director de asuntos judiciales y administrativos de Enel-Colombia que no procede la modificación, dándole un espaldarazo al Gobernador y a la Gobernación del Departamento que ha venido estudiando el tema, planteando desde un comienzo que la obligación principal es comprar las 2.500 hectáreas que a criterio del departamento no se han adquirido en su totalidad ni utilizado para el reasentamiento de los afectados” añadió Javier Roa.
