Déficit de 900 mil millones de pesos por falta de recaudo de peajes en 2023.
Existe una preocupación por la posibilidad de que esto genere numerosas demandas que pongan en riesgo proyectos importantes de infraestructura de transporte.
Se ha alertado sobre una “inminente lluvia de demandas” que podría surgir como resultado de la congelación de los reajustes en las tarifas de peajes, que están bajo la responsabilidad de INVIAS y ANI. Esto ha encendido las alarmas en la Procuraduría, ya que se teme que muchos proyectos viales, especialmente los de cuarta y quinta generación (4G y 5G), podrían quedar en peligro. Esto, a su vez, podría generar inestabilidad en el mercado financiero, que es crucial para garantizar la sostenibilidad de dichos proyectos.
Con el fin de abordar esta situación, se ha llevado a cabo una mesa de seguimiento en la que participaron INVIAS, ANI, el Ministerio de Transporte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Cámara Colombiana de la Infraestructura. En esta reunión, se expondrán los mecanismos para reconocer los ajustes de tarifas de peajes y se discutirán las posibles partidas presupuestales necesarias para asegurar los servicios relacionados con la infraestructura vial del país.
Según datos proporcionados por el Ministerio Público, se estima que hubo un déficit de alrededor de 900 mil millones de pesos debido a la falta de recaudo de peajes en el año 2023. Esta situación podría desencadenar una avalancha de demandas contra el Estado, ya que se percibe como un incumplimiento en los compromisos contractuales y genera desconfianza en el mercado de infraestructura. Además, esto afectaría las finanzas de todos los ciudadanos colombianos.
Como medida preventiva, el Ministerio Público ha instado a las entidades involucradas a trabajar conjuntamente para implementar un plan de choque que permita una rápida solución a este problema. Además, se ha anunciado que la Procuraduría continuará velando por las garantías necesarias para el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitará cualquier detrimento patrimonial que pueda afectar a los ciudadanos. El objetivo es enviar un mensaje de seguridad jurídica y financiera a la población en general.
