Más de 770 cuerpos no identificados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una alerta sobre las condiciones precarias en las que se encuentra el Cementerio Central de Cúcuta, un problema que pone en riesgo los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
A través de medidas cautelares establecidas en 2021, la JEP buscaba favorecer la búsqueda y garantizar los derechos de los familiares de las víctimas, así como dignificar la memoria de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, los resultados de la inspección revelaron serias deficiencias en la administración y conservación del sitio.
La JEP ha identificado más de 22 lugares de interés forense en el Cementerio Central de Cúcuta, con el potencial de albergar víctimas de desaparición forzada. En el transcurso de la audiencia, se ha descubierto que el cementerio alberga más de 770 cuerpos, entre personas no identificadas y personas identificadas pero no reclamadas. La gravedad de esta situación se agudiza al considerar que algunos de estos cuerpos podrían pertenecer a menores de edad, posibles víctimas de reclutamiento forzado y de los conflictos armados.
María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP, enfatizó las deficiencias notables en la administración del cementerio. Los registros carecen de los estándares normativos necesarios y muchos de los libros han caído en estado de deterioro. La falta de un sistema actualizado complica la identificación de cuerpos y su localización. La magnitud de estas fallas representa una amenaza directa a la satisfacción de los derechos de las víctimas y en particular de sus familias, quienes han buscado a sus seres queridos durante años y décadas.
Las soluciones presentadas hasta el momento aún no abordan completamente la seriedad de los problemas estructurales identificados. Aunque se han hecho avances en la administración, protección y apoyo logístico por parte de las autoridades locales, existe un reconocimiento de que más esfuerzos son necesarios. La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander se han comprometido a asegurar los presupuestos necesarios para garantizar la custodia y conservación de los cuerpos no identificados, así como la dignificación de las víctimas.
La JEP ha concluido que las medidas adoptadas no se limitan a la audiencia ni al mandato actual de las administraciones locales, sino que tienen la intención de perdurar en el tiempo. Esta urgencia se refleja en la acumulación de trámites relacionados con otros lugares, incluyendo el corregimiento de Juan Frío y el municipio de Puerto Santander, donde se presume la existencia de hornos crematorios utilizados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para eliminar a sus víctimas .
La audiencia culminó con la JEP ordenando la creación de planes integrales de atención a las víctimas de desaparición forzada por parte de la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander. A través de momentos de silencio, actos simbólicos y la lectura de nombres de los desaparecidos, tanto las víctimas como la magistratura rindieron homenaje a aquellos que han perdido, comprometiéndose a mantener viva la búsqueda ya superar el olvido.
