Cielo González Villa bajo detención domiciliaria
La exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila, es acusada de llevar a cabo contrataciones sin cumplir los requisitos legales necesarios.
Los fallos condenatorios en primera y segunda instancia fueron reafirmados por la Corte Suprema de Justicia en el caso de la exalcaldesa de Neiva, Cielo González Villa, quien actualmente es miembro activo del partido Cambio Radical. La condena se refiere a su papel como autora responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A pesar de las afirmaciones de inocencia y las denuncias de violaciones al debido proceso presentadas por González Villa, quien ejerció como alcaldesa de Neiva y llegó a la Gobernación del Huila en 2012, la Corte Suprema ha respaldado la sentencia condenatoria, confirmando su responsabilidad única en el delito.
El fallo inicial fue emitido el 11 de octubre de 2021 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva. La jueza Olga Lucía Becerra Dorado condenó a González Villa por un contrato de cooperación internacional realizado hace 18 años con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab), que generó controversia. El Tribunal Superior de Neiva respaldó esta decisión el 14 de diciembre de 2022, y ahora la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena.
Según la Corte Suprema, el contrato en cuestión fue utilizado como una fachada para evitar la obligación de llevar a cabo un proceso de licitación pública. Aunque el organismo internacional no aportó directamente recursos ni ejecutó el contrato, subcontrató a un tercero y recibió un descuento del 3,5% de los fondos públicos asignados.
En respuesta a la confirmación de su condena, la exalcaldesa emitió un comunicado en el que anunció su acatamiento de la decisión judicial y su intención de cumplir con la ley. A pesar de ello, también expresó su intención de continuar utilizando los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia.
El caso se originó por un polémico convenio de cooperación firmado en 2005 con la Secretaría Técnica del Convenio Andrés Bello (Secab), supuestamente destinado a mejorar el sistema de acueducto de Neiva. La firma del convenio por parte de la alcaldesa fue el punto de partida para una investigación penal debido a irregularidades en su ejecución.
La exalcaldesa de Neiva ha sido sentenciada a 48 meses de prisión y se le ha impuesto una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales. Además, enfrenta una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 60 meses, lo que la excluye de cargos públicos o aspiraciones políticas durante ese período. Aunque la suspensión de la pena le fue denegada, se le ha permitido cumplir la pena bajo arresto domiciliario con el pago de una fianza, teniendo en cuenta su situación personal, laboral, familiar y social.
La Corte Suprema de Justicia ha determinado que el contrato en cuestión implicó que la Secab actuara como intermediaria en la administración de recursos públicos destinados a un tercero que finalmente proporcionó el servicio. Esto marca el desenlace del prolongado proceso judicial que ha afectado a la exalcaldesa.
