Fútbol profesional en Colombia bajo la lupa
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha presentado cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y 29 clubes de fútbol profesional en Colombia.
Esta acción tiene como objetivo esclarecer si estos organismos y clubes implementaron un sistema que limitará la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina desde 2017 hasta la actualidad.
La investigación de la SIC ha identificado varias acciones que levantan sospechas, entre las cuales destacan:
- Estandarización de cláusulas en contratos laborales de jugadoras: Los clubes, con la participación de la DIMAYOR, habrían acordado cláusulas que limitaban los contratos laborales de las jugadoras a la duración de la Liga Profesional Femenina, que históricamente ha sido de 1 a 4 meses al año. . Además, se habría estandarizado una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de imagen de las jugadoras, sin compensación adicional.
- Acuerdo sobre salarios: Se habría establecido una tabla de salarios que categorizaba a las jugadoras y limitaba sus remuneraciones, con la mayoría recibiendo el salario mínimo legal mensual vigente y un máximo de 4.500.000 pesos mensuales.
- Renuencia a recibir fondos del Gobierno Nacional: La FCF y la DIMAYOR, con la aprobación de los clubes, habrían rechazado recursos destinados a la promoción del fútbol femenino en Colombia, argumentando falta de patrocinio y presupuesto. Sin embargo, esto habría estado relacionado con evitar la supervisión y auditoría de las instituciones.
- Contrato desfavorable con WIN SPORTS: La DIMAYOR, con la aprobación de los clubes, habría firmado un contrato con WIN SPORTS para la transmisión de los torneos. Las condiciones de este acuerdo habrían perjudicado al fútbol profesional femenino al priorizar la transmisión de partidos masculinos sobre los femeninos.
En caso de que se demuestren estas conductas, la SIC podría imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos por cada infracción, así como sanciones a personas naturales que hayan colaborado, llegando hasta 2.000 salarios mínimos. Esta investigación también involucra a 29 clubes, incluido el Atlético Huila.
