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Cancelan Jamming Festival 2022

El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, confirmó este viernes la cancelación del Jamming Festival 2022, después de que la Superintendencia de Industria y Comercio anunciara un seguimiento al evento, ante las múltiples cancelaciones de los artistas y los cambios en el cartel inicial.

El festival iba a reunir a cerca de 94 artistas de géneros como la salsa, reggae, rock, rap y reggaetón en Playa Hawái, en Ibagué. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una averiguación frente al evento.

En el marco de dicha investigación, que se adelanta al productor Buena Vibra Eventos E.U., la autoridad colombiana evidenció, a través de las visitas administrativas de inspección, cambios en las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones.

Dichas condiciones variaron sin que, presuntamente, se les hubiesen informado a los consumidores de forma “clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea”. Adicionalmente, tampoco se estaría informando las respectivas soluciones planteadas con ocasión a la modificación de las condiciones inicialmente anunciadas.

Ante dicha situación, la SIC ordenó a Buena Vibra Eventos E.U., informar en su respectiva página web oficial y en las diferentes redes sociales del evento, sobre los artistas confirmados en los tres días del evento, indicando así el orden de las presentaciones y el escenario en los casos en que se presentaran varias locaciones.

De igual manera, la SIC solicita informar mediante correo electrónico, mensaje de texto u otro medio de comunicación directa y personalizada, a cada una de las personas que adquirió boletas para la asistencia al evento. En ellas deberán indicar las variaciones de las condiciones anunciadas, las alternativas de solución ofrecida y el procedimiento de acceso a las mismas.

En el caso de advertirse la inobservancia de las órdenes impartidas, así como la violación de las normas de protección al consumidor, se podrán imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimo mensuales legales vigentes.

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