Abren investigación contra exgobernador del Huila Carlos Julio González
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exgobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, por posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
En esta decisión también se cobija a Henry Liscano Parra, quien fuera el secretario de Vías e Infraestructura y supervisor para la época de los hechos, y a Ronald Alexis González Martínez, en su condición de interventor.
Los hechos objeto de la investigación están relacionados con el posible incumplimiento de acciones, lo anterior respecto a la inversión de los recursos del SGR y la ejecución del proyecto “Construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación de las orillas del río Frío en el municipio de Campoalegre y Quebrada La Mosca, en el municipio de Algeciras”.
De esta manera, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, esclareciendo así los motivos determinantes y sus circunstancias, y la posible responsabilidad de los investigados.
Por su parte, los investigados podrán solicitar al ente de control ser escuchados en versión libre, si así lo desean.
Como una medida cautelar, Liscano Parra fue separado de su cargo como gerente de Empresas Públicas, temporalmente, por el término de seis meses que se acaban de vencer.
La medida fue solicitada por el contralor Amaury Luis Flórez Reino, mientras concluyen las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias que son adelantadas por supuestas irregularidades en materia de contratación, que fueron descubiertas el año pasado durante una auditoría “exprés”.
El agente fiscalizador, bajo su responsabilidad, solicitó la inmediata separación del cargo, amparado en el principio constitucional de “verdad sabida y buena fe guardada”. Aunque Liscano retornará a su cargo luego de vencido el término de la suspensión, de no haber recusación, la suspensión podía haberse extendido por otros seis meses. Ante esta decisión, Liscano Parra presentó inicialmente una tutela para frenar la suspensión.
Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito declaró la improcedencia de la tutela, lo anterior por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial. De esta manera, la decisión fue confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, pero por otras razones.
“En este caso -dijo- no se probó vulneración alguna a los derechos de defensa y debido proceso”.
No obstante, Liscano Parra, mantuvo el respaldo político y lo consiguió.
