Denuncian plan de atentado contra fiscal que investiga corrupción en Bogotá
En menos de 15 días, la fiscal Angélica María Monsalve salió a flote por manifestar públicamente que fue trasladada al departamento del Putumayo justo después de avanzar en un caso contra una poderosa familiar de Bogotá que había delinquido.
A este hecho se le sumó este lunes un comunicado de la Fiscalía General de la Nación en el que informaba que un grupo criminal pretendía atentar contra la vida de la funcionaria, por lo que le fue asignado un esquema de seguridad inmediato.
La alerta vino por cuenta de la DIJIN y tiene de por medio la integridad de la fiscal que lleva varios casos, en particular ante jueces del Circuito de Bogotá, como el de la familia Ríos, investigada por posibles irregularidades en contratos en la capital colombiana.
En ese expediente, los salpicados son los empresarios Carlos Ríos, Javier Ríos y su sobrino Felipe Ríos Londoño, a los que luego de dos años de pesquisas, les pidió audiencia para imputación pues, al parecer, siendo Felipe concejal de la ciudad, sus tíos habrían manejado desde la sombra la empresa Recaudo Bogotá S.A.S., la cual se ganó un contrato con el sistema de transporte masivo, Transmilenio, en 2011.
De esta manera, la cuestionada familia se habría beneficiado de manera ilegal porque tenían a uno de sus familiares dentro del Concejo de Bogotá. Es por eso que se les piensa imputar los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, en concurso homogéneo al de interés indebido en la celebración de contratos.
Este caso hubiese pasado desapercibido, si no fuera porque Monsalve, en entrevista a Noticias Caracol, explicó que el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el papá del concejal, Alberto Ríos, intentaron hacerle llegar una carta a través de un amigo. Esta persona sería Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, a quien habrían contactado con el fin de que actuara para que frenara el caso, cosa a la que ella se opuso precisamente para no contaminar el proceso. Posterior a ello fue cuando la notificaron de su traslado al sur del país.
Desde entonces, y tras ella apelar la decisión, el fiscal Francisco Barbosa expuso que su envío a Putumayo se debe a “necesidades del servicio”, y no a caprichos personales. A su vez, a través de un comunicado el ente acusador reiteró que, aunque la funcionaria se encuentre en el sur del país, seguirá siendo la que lleve el caso de la familia Ríos.
