Gobierno prepara respuesta a CIDH en caso de suspensión a Daniel Quintero
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, señaló que el Gobierno está preparando la respuesta requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, frente a la suspensión que impuso la Procuraduría General de la Nación a Daniel Quintero como alcalde de Medellín, por presunta participación en política.
Por medio de una carta, la CIDH explicó que el objetivo de acceder a datos adicionales, para el estudio de las medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero, para volver al cargo como alcalde de la capital del departamento de Antioquia.
“La CIDH ha hecho una solicitud de información que vamos a transmitirles a ellos, obviamente, antes de que se venza el próximo domingo 5 de junio de 2022. Estamos trabajando justamente en esa respuesta”, expresó la funcionaria.
Ramírez aseguró que frente a este caso lo importante es comprender que la función de los entes de control disciplinario, como es el caso de la Procuraduría General de la Nación, es necesaria, debido a que los funcionarios no solamente pueden ser investigados por cometer delitos penales, sino que las faltas disciplinarias también son graves.
“La Procuraduría debe poder investigar a cualquier funcionario, en cualquier momento, de tal manera que daremos esa respuesta antes del domingo”, enfatizó.
En ese sentido, también se pronunció el jefe de la Misión, el eurodiputado español Javi López, quien indicó que la suspensión por parte de una autoridad administrativa de dos alcaldes y dos concejales por la presunta participación política es contraria a los estándares internacionales.
“A nuestros ojos es discutible que la disposición constitucional, que impide algunas categorías de funcionarios públicos participar en las campañas electorales, sea aplicable a los funcionarios electos. Si es cuestionable a ojos del ordenamiento jurídico colombiano, de su Constitución, nos parece que es contrario a los estándares internacionales en términos de participación política”, dijo.
También recordó que “la destitución además por parte de una autoridad administrativa, como es el caso, ya ha sido igualmente considerada como una violación de la Convención Americana de derechos humanos por la CIDH en una sentencia vinculante a Colombia”, dijo López.
