Afectados por la represa en Huila podrán elegir entre dos opciones de compensación propuestas por el gobierno
El departamento de Huila ha completado más de 14 años de reclamos frente a las obligaciones adquiridas por Enel Colombia en la Licencia Ambiental para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo.
Esta represa, ubicada entre los municipios de Garzón, Gigante, Altamira, Agrado, Tesalia y Paicol, junto con la de Betania, produce el 8 por ciento de la energía que consume el país.
La hidroeléctrica ha sido denunciada por campesinos de los municipios mencionados por haberlos afectado ambiental, cultural y económicamente. En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, discutieron el tema. La ministra afirmó que “Enel debe cumplir los requisitos de la Licencia”, y agregó que existe un pacto público entre las autoridades ambientales y todas las entidades del orden nacional.
Muhamad propuso concertar una mesa para que las familias afectadas puedan escoger entre dos posibilidades: la compensación vía mitigación efectos económicos del artículo 10 de la Licencia o ser parte del proceso de Reforma Agraria de las 2.700 hectáreas si cumplen con los requisitos.
El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, afirmó que “nos tienen engañados hace 14 años, y es hora de que se cumplan las compensaciones”. Pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que “actúe en consonancia con su responsabilidad de hacer cumplir la licencia ambiental pues hasta ahora ha sido cómplice de los incumplimientos”. Además, pidió la suspensión de cualquier actuación administrativa del gobierno nacional y la creación de una mesa de seguimiento con carácter vinculante.
Miller Dussán Calderón, fundador de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, considera importante el anuncio de la ministra de Ambiente, “que a nombre de todo el gobierno se comprometió a hacer cumplir la totalidad de las compensaciones fijadas en la Licencia Ambiental”. Aseguró que debido a la construcción de la represa, fueron desplazadas unas 5.000 personas, entre campesinos y pescadores artesanales, pero también resultaron afectadas otras 30.000 del área de influencia.
