Desafíos en la lucha contra la trata y explotación sexual en el país
La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre la preocupante desprotección de las víctimas de trata de personas y explotación sexual, en un contexto de crecientes delitos de este tipo tanto a nivel mundial como en Colombia.
La entidad ha llevado a cabo un seguimiento y control exhaustivo para evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones y Comités locales de lucha contra la trata de personas, con el objetivo de determinar si están funcionando de manera efectiva en la restitución de los derechos de las victimas.
Entre el 2020 y agosto de 2022, se han registrado 396 casos de Trata de Personas en Colombia, según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior. Sin embargo, la Procuraduría advierte que podría existir un subregistro de información, debido a la normalización de esta forma de violencia y la falta de credibilidad hacia las víctimas.
Colombia presenta un preocupante porcentaje de mujeres víctimas de trata, con un 83 %, superando los medios mundiales de 65 %. Estas víctimas son vulnerables debido a necesidades económicas, condiciones migratorias irregulares y conflictos familiares, especialmente en casos de menores de edad. Sectores como el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura y la minería son los más afectados por casos de trabajo forzado.
La explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de explotación en el mundo, representando el 50% de los casos identificados. También se ha observado un incremento en los casos relacionados con trabajo forzado y mendicidad ajena.
El informe de la Procuraduría revela que la situación es preocupante en cuanto al abordaje de la trata de personas y la explotación sexual. Solo seis departamentos y tres ciudades capitales cumplieron con las sesiones requeridas en el primer semestre de 2022. Además, muchos comités carecen de diagnósticos sobre la trata de personas en sus territorios y presupuestos asignados para la prevención.
El informe también destaca la ausencia de refugios para víctimas de trata en la mayoría de las regiones, lo que refleja la falta de voluntad política y de recursos financieros.
En el caso de la explotación sexual, se informa sobre su existencia en la mayoría de los territorios, con grados de gravedad preocupantes. Sin embargo, solo dos departamentos tienen diagnósticos completos, y ocho entidades territoriales cuentan con presupuesto asignado.
La Procuraduría hace un llamado a fortalecer las herramientas técnicas para mejorar la eficiencia y efectividad en la lucha contra estos delitos, y destaca la necesidad de una respuesta institucional integral y reparadora para las víctimas.
