Un proyecto en crisis y nuevas propuestas de uso
El secretario de Gobierno de Neiva, Ferney Ducuara, anunció el cese de la Unidad de Policía Judicial (UPJ) como centro transitorio para personas privadas de la libertad, tras la reciente fuga de cuatro internos que evidenció fallas en su infraestructura y seguridad.
Aunque la construcción, que ya supera el 87% de avance, estaba destinada a albergar reclusos de alta peligrosidad, se están considerando nuevos usos para el edificio.
“Ya anunciamos que la UPJ no funcionará más como centro transitorio. La obra, concebida para albergar cerca de 150 personas de alta peligrosidad, se ha convertido en un foco de preocupación”, afirmó Ducuara. La UPJ, ubicada en el barrio Bogotá, surgió como una solución para descongestionar los centros de reclusión temporales de la ciudad, pero su construcción ha enfrentado múltiples obstáculos.
Desde su inicio en 2016, el proyecto ha tenido dificultades financieras, y la empresa contratista no logró completar la obra, que ha requerido una inversión de más de 4.600 millones de pesos. A pesar de trasladar a 150 internos para aliviar el hacinamiento en otras instalaciones, cuatro de ellos lograron escapar, lo que llevó a Ducuara a calificar la construcción como “débil”.
Ante esta situación, la administración de Germán Casagua está reconsiderando el uso de la UPJ. “Estamos analizando convertir la UPJ en un centro de traslado por protección para jóvenes en riesgo o en crisis. Además, planeamos destinar espacios para oficinas administrativas y Comisarías de Familia”, explicó Ducuara.
Sin embargo, este plan solo se implementará una vez que la obra esté completamente finalizada y se realicen las evaluaciones necesarias. Juan Diego Amaya, presidente del Concejo de Neiva, enfatizó la necesidad de revisar legalmente esta reorientación del uso del edificio y garantizar su finalización.
Héctor Javier Osorio, concejal de Neiva, subrayó que no solo debe completarse la construcción, sino también evaluarse para garantizar la seguridad en el futuro. “Se requiere la colaboración del Ministerio de Justicia y una cofinanciación adecuada para que este centro funcione efectivamente”, añadió.
Desde la Defensoría del Pueblo, Johana Rojas destacó la importancia de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. La UPJ, desde julio, ha sido utilizada para albergar a indiciados sin condena, y se están realizando verificaciones para asegurar que se cumplan los estándares constitucionales en su tratamiento.
La situación de la UPJ en Neiva plantea interrogantes sobre el futuro de la infraestructura y la seguridad en el manejo de la población carcelaria, destacando la necesidad de soluciones efectivas y sustentables.
